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A finales del siglo XIX la provincia de Huelva es fuertemente influenciada por la presencia inglesa que explotó la cuenca minera del valle de las piritas. Se realizaron fuertes inversiones que supusieron no sólo la creación de una serie de avances logísticos como el ferrocarril, que uniría Riotinto con el puerto de Huelva, la construcción de los muelles del Tinto, Levante y Tharsis o las Cocheras del Puerto sino también otros espacios vinculados al ocio, y a la nueva élite empresarial, edificándose el antiguo edificio de Correos, la plaza del velódromo, el barrio Reina Victoria o la Casa Colón.

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Sin embargo la llegada de los ingleses también trajo consigo fuertes desigualdades sociales que crearon importantes tensiones entre la nueva clase dominante y los naturales de la comarca del Andévalo. Para entender el nuevo status quo creado en la cuenca minera debemos analizar las condiciones en que se produce la enajenación de las minas. En 1873 un grupo inversor de capital inglés adquiere las minas de Riotinto por un valor de 93 millones de pesetas, con esta venta se evitaba una más que posible quiebra del Estado español, pero la transacción no sólo incluía los derechos de explotación sino también el suelo, subsuelo y espacio aéreo.

Aunque esto no es de facto una renuncia a la soberanía del territorio por parte del Estado, si a ello unimos que la Riotinto Company se responsabilizó de la logística de bienes de consumo a todos sus trabadores, proporcionaba las viviendas, de la que era propietaria, suministraba el agua corriente al municipio, controlaba el transporte público y era la garante de la educación y sanidad, podemos asimilar al estado español en la zona como lo que hoy conocemos como un estado fallido cuya presencia real quedaba limitada al Alcalde y a la Guardia Civil. Y, ni tan siquiera eso, los integrantes del equipo de gobierno de Riotinto trabajaban para la Compañía y la Guardia Civil dependía del gobernador civil, cargo que ostentaba Agustín Bravo y Joven quien poseía excelentes relaciones con la Riotinto Company. Con este escenario podemos afirmar que la situación del pueblo de Riotinto era como si de una colonia inglesa se tratase, donde el amparo de la justicia española era difícilmente efectivo.

Y en este caldo de cultivo se ocasiona el episodio denominado el año de los tiros. Una masacre que podría definirse, de una manera quizás algo simplista, como la disolución, mediante un uso desproporcionado de la fuerza, de la manifestación llevada a cabo el 4 de febrero de 1988 en la cuenca de las piritas de Huelva y que debía finalizar, de hecho así lo hizo de manera trágica, frente al ayuntamiento de Riotinto. Esa manifestación popular, en la que no sólo participaban los habitantes de Riotinto sino también vecinos de otros pueblos, no era una revuelta exclusiva de trabajadores de la Riotinto Company o del sector de minero, sino que también participaban agricultores y ganaderos de pueblos cercanos como Nerva o Zalamea. El fin de la misma era reivindicar la prohibición de las teleras, acopios de material minero sobre abundante combustible orgánico del que emanaban humos tóxicos durante días, un método arcaico de eliminación de impurezas del material, que estaba causando grave afección a los campos y a la salud de los habitantes de la comarca. Fue la primera manifestación medioambiental de la historia de España, y muy probablemente de Europa.

En esta movilización es fundamental el papel de concienciación de clases llevado a cabo por Maximiliano Tornet, sindicalista llegado desde Cuba a Riotinto en 1883 y que trabajó durante cuatro años para la Compañía. Sus proclamas calaron en gran parte de la población local, fue participe en la sensibilización de la necesidad de un movimiento obrero como herramienta de lucha contra la situación impuesta por la Compañía y, en definitiva, canalizador del ideal anarquista que movilizó a la población.

Así dará inicio una huelga general el 1 de febrero de 1888. El 4 de febrero de 1888, ya desde la madrugada, existen evidencias de gritos de “¡abajo los humos!” en la localidad de Zalamea. Las marchas de Nerva, Riotinto y Zalamea se unificaron en una única que aglutinó, en torno a las dos de la tarde, a unos 12.000 manifestantes frente a la puerta del ayuntamiento de Riotinto.

A las cuatro de la tarde llega a Riotinto el Gobernador Civil Agustín Bravo y Joven acompañado del Teniente Coronel Ulpiano Sánchez Echeverría, al mando de dos compañías del regimiento de infantería Pavía. Una vez en el ayuntamiento, el Gobernador Civil asumió la responsabilidad de dirigirse al pueblo congregado, que ante las palabras ordenando la dispersión, y con las esperanzas depositadas en el representante del gobierno rotas, entró en algarabía.

La orden para que una unidad militar cargue contra una multitud necesitaba la aprobación del Gobernador Militar, previa declaración de estado de guerra. La toma de
una decisión de esta índole por parte de un gobernador civil era contraria a Ley de Orden Público. Todo parece indicar que ninguna decisión se tomó en caliente sino que, ante cualquier actitud que no fuera dócil por parte de la masa, la actuación a llevar a cabo estaba decidida previamente, antes de la llegada de Agustín Bravo y Joven al lugar de los hechos.

La masacre se llevó a cabo a partir de las cinco de la tarde, primero a través de disparos a discreción y después mediante carga a bayoneta. El resultado fueron 13 fallecidos según el balance oficial, hasta 400 según la tradición popular y, en cualquier caso un número superior a los 100 según distintas fuentes. Los cadáveres fueron enterrados de manera clandestina por las familias o eliminados en las propias teleras que actuaron como incineradoras. El silencio fue cómplice del olvido de este episodio hasta bien entrado el siglo XX, las teleras no fueron prohibidas hasta 1907. Consecuencias de una colonización encubierta.