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El 12 de agosto de 1936, en el primer mes de la Guerra Civil, se producirá en Vallecas (Madrid), un hecho traumático, que servirá de excusa para una feroz represión a partir de 1939. Los hechos se conocieron como “el asalto al tren de Jaén”. Y la represión franquista posterior será una caza de brujas contra cientos de vecinos del municipio. 

Por Miguel Ángel Soria Méndez

Tiempo de lectura: 10 minutos

El 12 de agosto de 1936, procedente de la prisión de Jaén, llegaba a Madrid un tren cargado de significadas personas de derechas detenidas, entre las que destacaban el
obispo de Jaén y su familia. Este convoy fue asaltado por varios milicianos y milicianas del municipio vallecano, ejerciendo la violencia revolucionaria, y desoyendo las ordenes de la autoridad gubernamental republicana. Una vez terminada la Guerra Civil, el bando vencedor buscará a los causantes de esta violencia, que como resultado tuvo el asesinato del Obispo y su hermana, así como de decenas de personas más. En esta búsqueda serán encarceladas cientos de personas, obligadas a demostrar su inocencia, muchas de ellas fusiladas o encarceladas sin prueba alguna.

El municipio de Vallecas, será conocido en los años treinta como la pequeña Rusia, por la cantidad de organizaciones de izquierdas que albergará entre sus calles. Símbolo de organización obrera, con una fuerte conciencia de clase. Los sucesos del tren ocurrieron en agosto, es decir, apenas un mes después del golpe de Estado, y están recogidos en la investigación de la Causa General, sumario 48537, legajo 6099, del AHD.

En Jaén, en los días posteriores al golpe de estado del 18 de julio, la prisión Provincial
estaba abarrotada de acusados de apoyar el golpe. Por tanto, se utilizó la catedral como prisión. Eran alrededor de unos 800 presos (aunque la prensa sublevada hablaba de 2.000, exagerando las cifras). Para alimentar y suministrar a los presos se utilizaban convoyes de camiones que eran atacados por fuerzas sublevadas, que desconocían posiblemente el destino de los mismos. Pero también eran atacados por milicianos que no querían mantener con vida a dichos presos.

Habían ocurrido hechos anteriores con asaltos en cárceles andaluzas, por lo que el Ministerio de la Gobernación aprobó trasladar a estos presos a Alcalá de Henares, para protegerles de la multitud revolucionaria.

Un primer tren salió de Jaén el 11 de agosto de 1936, dirección Estación del Mediodía
(actual Atocha). Esta expedición llevaba 322 presos, y en cada estación era hostigado
por gentes locales. Parece que llegó sobre las cuatro de la tarde, y hubo una fuerte discusión entre milicianos madrileños que lo estaban esperando, y los guardias encargados de la protección de los prisioneros. Los primeros querían tomar el control del tren, pero los guardias se lo impidieron. Aun así, como se recoge en el sumario, los milicianos parece que subieron al tren buscando “diputados o intelectuales”. De esta forma fueron fusilados once personas; terratenientes, falangistas, y dos curas. El resto del convoy llegó a su destino en Alcalá de Henares.

Al día siguiente, otro convoy partió de Jaén con el mismo destino, con 245 presos a bordo, entre los que estaban el obispo, y su hermana. Este obispo ya había sido noticia años antes en la prensa, por presuntas estafas a la hacienda pública, y en el momento de su detención se encontraron varios millones de pesetas sin declarar en su Palacio, mientras que la hermana llevaba un millón escondido en el corsé. Estas noticias las conocían los milicianos vallecanos por la prensa. 

El tren fue frenado en la estación de Santa Catalina de Vallecas. Parece que un grupo de milicianos identificados como anarquistas y socialistas paran la locomotora, con una bandera roja en la mano. Se identifican como Batallón Sargento Vázquez y Batallón Pablo Iglesias.

Según Preston, en Holocausto español, basándose a su vez en la obra de Sánchez Tostado, La guerra civil en Jaén, lo que ocurrió a partir de aquí, es que el Jefe de la Estación y el mando de la Guardia Civil responsable de los presos, telefonean al director General de Seguridad, Manuel Muñoz, y le informan de los hechos, apuntando que los milicianos tienen tres ametralladoras y que dispararán a la Guardia Civil si no se retira. El director (o puede que fuese el ministro de la Gobernación, General Pozas, según algunas fuentes), dieron orden a la Guardia Civil de retirarse, con la explicación de que las pocas fuerzas de orden disponibles serían arrolladas en un enfrentamiento así, perdiendo estos efectivos, y con ello la poca autoridad gubernamental que aún quedaba. Esta información coincide con la expuesta en un artículo de un diario falangista (La Proa de Falange) en diciembre de ese año, y que proviene en teoría de un Guardia de Asalto que está presente en los hechos y que más tarde deserta pasándose a la Falange. En esta nota se dice que es el General Pozas quien dio la orden de retirarse.

Siguiendo el sumario, bajaron a los presos ordenándolo en círculos de 25 a 40 personas, y después las ametralladoras abrieron fuego. Parece que fueron milicianos de Vallecas coordinados. Es bastante probable que un grupo viniese desde Villa de Vallecas, parando el tren y arengando al pueblo, y otro grupo viniese desde el Puente, cargando las ametralladoras, que se identificaron como anarquistas al servicio del Comité Villa. El sumario termina diciendo que algunos supervivientes fueron trasladados al Ateneo Libertario de Vallecas, según sus propios testimonios. 

Esto coincide con el testimonio del alcalde de Vallecas, que era Amós Acero Pérez (PSOE). Este alcalde había destacado en el bienio progresista por conseguir unas reformas muy aplaudidas para el barrio. Dotó al municipio de una veintena de escuelas públicas, nuevas infraestructuras, acabó con el paro, y mejoró las comunicaciones. Maestro de profesión, fomentó la cultura, organizando talleres y escuelas. Después del golpe de Estado, aparece recogido tanto por sus declaraciones, como por numerosos testimonios oficiales y particulares, de cómo intentó frenar los desmanes en el municipio (al punto de enfrentarse con las milicias).

También destaca como informa de cada asesinato a la DGS e intenta colaborar en la detención de los autores. Cuando ocurren los sucesos del tren, parece que fue al lugar de los hechos, pocos minutos después de los asesinatos, consiguiendo rescatar con vida a sesenta derechistas, llevándolos consigo junto a las fuerzas del orden, y mandándolos bajo custodia gubernamental. La mayoría acabarían en la cárcel Modelo, y salvarían la vida. Esto se recoge en su propio testimonio, en el sumario del AHD, sumario 48.803, ratificado por varias de estas personas. También protege a varias monjas, y ayuda a funcionarios y personas de derechas del municipio a escapar de Madrid. Nada de esto le valió a la justicia militar franquista, que fusiló a este alcalde, por el mero hecho de serlo y de ser maestro republicano, en mayo de 1941, tras un juicio farsa, dejando mujer e hijos. 

En este punto, es importante resaltar, que desde el mismo 18 de julio, la violencia revolucionaria se había desbordado en Madrid, proliferando centros de detención aleatorios. Esta reacción respondía a un rencor social acumulado, un anticlericalismo tradicional, y la venganza contra los partidarios del golpe militar. El Gobierno republicano reprenderá esta situación y poco a poco irá controlando la violencia, creando Tribunales para juzgar a los detenidos. 

Existirán dos autoridades. Por un lado, el Comité de Defensa de la CNT-FAI controlando los centros de detención, junto al resto de sindicatos, y por otro la continua búsqueda del Gobierno por ordenar, estructurar, y sobre todo garantizar el orden y la justicia, a la vez que necesitaba defenderse, detener a los sospechosos, y no entrar en demasiadas disputas con las milicias, debido a la falta de efectivos policiales profesionales. 

Para noviembre del 36, apenas cuatro meses tras el golpe, prácticamente se acaban las checas ilegales, y para 1937 el Gobierno controla casi todos los Tribunales de justicia con jueces profesionales, dando garantías a las personas derechistas detenidas. 

En el caso del bando sublevado no ocurre esto, porque se fomentará el pillaje, violación, robo, y asesinatos, tanto de los Legionarios, como de los Regulares, o los falangistas. De hecho, en el avance de Queipo y otros, hacia Madrid, se producen masacres como las de Málaga, Toledo, o Badajoz, dejando incluso unas horas libres para el pillaje en cada pueblo y ciudad, lo que sembraba el pánico entre los campesinos, jornaleros, y, sobre todo, las mujeres. Estas noticias, junto a la amenaza constante de la Quinta Columna en Madrid, hacía que muchos milicianos no tuvieran compasión con el enemigo capturado, porque entraban en la horrible lógica de la guerra. Por poner un ejemplo, los presos derechistas en la cárcel Modelo se jactaban del avance franquista y no ocultaban sus ganas de incorporarse a sus líneas, lo que desesperaba a los milicianos, mientras que el Gobierno procuraba mantenerlos con vida para ser juzgados debidamente por colaboración en el golpe de Estado. 

Otro dato importante es que el nuevo estado franquista surgido tras la guerra, mantuvo el estado de guerra hasta 1947, juzgando a miles de personas con tribunales militares, sin garantías, fusilando a una gran cantidad de personas sin pruebas, internándolas en campos de concentración (hubo hasta 300), cárceles en condiciones infrahumanas, o en batallones de trabajo. Hasta 40.000 personas fueron víctimas directas de la represión franquista posterior a la guerra. 

También resaltar la complicidad del clero con el golpe, desde las incendiarias portadas de los periódicos católicos, los discursos políticos, los sermones, la actividad de sus grupos juveniles, la carta del obispo Isidro Gomá para sumarse al golpe, y el llamamiento a la cruzada nacional contra el gobierno republicano. Muchos curas aparecían dando cobijo a sublevados o francotiradores en iglesias, o marchaban junto al ejército franquista. Y todo alimentaba el anticlericalismo miliciano. 

Volviendo al tren, Preston da cifras de lo ocurrido y lo sitúa en 193 prisioneros ejecutados. También nos dice que producto de esto, el Gobernador civil, Luís Ruiz Zunón, dimitió de su cargo, asolado por no poder evitar el baño de sangre, dos días después. Y el director general de prisiones, Pedro Villar Gómez, de Unión Republicana, quedó consternado por estos hechos, y dimitió en septiembre.

La prensa de derechas rápidamente lo recogió como los trenes de la muerte. Sin embargo, en palabras del famoso anarquista García Oliver (que sería ministro de Justicia en noviembre de ese año), estos hechos estaban justificados porque la sublevación militar había roto los frenos sociales, y el espíritu de justicia había revertido a su origen más remoto y puro; el pueblo, suprema lex.

Según un testimonio del sumario, la hermana del obispo (Teresa Basulto) gritó que allí todos eran unos cobardes por matar a una mujer y pidió que fuese otra mujer. La encargada de su ejecución, según Preston, en la línea de la historiografía oficial, fue una miliciana conocida como Josefa Coso. Esta mujer, nos sirve de ejemplo de la represión aleatoria posterior. Estuvo presa 4 años y fue liberada en 1944. Tenía 14 años cuando los hechos, y ninguna descripción coincidía con ella. En su sumario llega a decir que sube a la estación por orden del alcalde Amós Acero para rescatar a los posibles niños que hubiera. Lo que coincide con la humanidad probada del alcalde. Aun así, durante años se dijo que ella era la asesina de la hermana del obispo, hasta hoy. Murió en 2014. 

El escritor Miguel Espinar, junto a la historiadora Claudia Barja (que es familiar de la protagonista), y un servidor, hicimos una investigación del caso en 2023, bajo el libro En busca de la Pintá, milicianas de Vallecas, llegando a la conclusión de que esta mujer fue injustamente acusada, vilipendiada durante años, y su familia estigmatizada. De hecho, su hermana pequeña pasará 8 años presa en horribles condiciones, sin pruebas, y su padre un año encarcelado en Porlier con palizas constantes.

En el sumario de los trenes aparecen hasta treinta mujeres acusadas de un mismo hecho (de entre los más de 300 detenidos por los sucesos). Muchas fueron descartadas, pero eso no impidió que estuvieran presas hasta 1947, en algunos casos. También se deducen siete fusilados, todos hombres, inculpados como cabecillas de los hechos, y varios particulares más encarcelados, o asesinados, por una declaración de un vecino, o un indicio por su militancia. En el mejor de los casos eran puestos en libertad después de años de torturas, estigmatizados para siempre. En el peor, eran fusilados. Muchos tenían avales de no haber participado en los hechos, pero no les valió de nada. La barbarie de la sin razón, arrasaba en aquellos días. En el caso de las personas asesinadas en los trenes, fueron víctimas reconocidas públicamente, sus familiares recibieron compensaciones, y tienen una placa y lápida en la catedral de Jaén.